Denuncia vecinal por dos líneas de alta tensión proyectadas en el corazón de La Alpujarra

Sostienen que estos proyectos responden a una estrategia de mallado de la red de distribución para facilitar la implantación de grandes plantas fotovoltaicas en zonas despobladas de la comarca

Vecinos de distintos núcleos de La Alpujarra han presentado alegaciones contra dos proyectos de líneas de evacuación de 20 kilovoltios (kV) actualmente en tramitación administrativa y que, según denuncian, supondrían un grave impacto ambiental, paisajístico y socioeconómico en la comarca.

Las actuaciones previstas afectan a la cara sur de la Sierra de la Contraviesa y se dividen en dos trazados diferenciados. El primero discurre por la zona occidental, desde Alfornón hasta el cortijo Juan de Reyes, en Torvizcón. Contempla una línea eléctrica aérea de 20 kV con 18 apoyos metálicos a lo largo de tres kilómetros, entre cotas de 850 y 1.270 metros de altitud. Según los vecinos, este trazado afectaría de lleno al alcornocal de la Haza del Lino y al Sitio Histórico de La Alpujarra Media y la Tahá.

El segundo proyecto se sitúa en la zona oriental y plantea una nueva Línea Aérea de Alta Tensión (LAAT) de 20 kV con 39 torres, entre los 650 y 1.300 metros de altitud. El recorrido uniría la Ermita del Palomar, en Albuñol, con el Barranco Oscuro de Cádiar, atravesando el término de Murtas y pasando por las ramblas de la Alcaicería y el Juncal. Este trazado, además, afectaría a cuatro vías pecuarias, entre ellas el Cordel de Adra a Granada y la Vereda de la Contraviesa.

Alegaciones por impacto ambiental y agrícola

En su denuncia, vecinos de Murtas y Alfornón sostienen que los estudios de impacto ambiental no reflejan adecuadamente las consecuencias reales de ambas infraestructuras. En el caso de Murtas, residentes de distintas cortijadas advierten de que la red implicaría servidumbres de paso sobre fincas agrícolas y posibles expropiaciones que condicionarían la actividad tradicional.

Aseguran que la construcción de estas líneas no generará empleo local ni mejorará el suministro eléctrico de forma sustancial, mientras que sí supondrá —afirman— la degradación del paisaje y un obstáculo añadido para la agricultura de montaña, base económica de la zona.

Desde Alfornón y Torvizcón, los vecinos denuncian que el trazado occidental atravesaría encinares y alcornocales en enclaves como los cerros Salchicha, Chaparro y Moheda, así como la Haza del Lino y las ramblas de ambos municipios. Recuerdan que este entorno ha sufrido varios incendios forestales, el último en 2020, que amenazó más de 300 hectáreas del que consideran uno de los últimos grandes alcornocales del sureste peninsular.

También evocan el incendio de 2016 en Lújar, que obligó al desalojo del municipio y que, según distintos informes citados por el Ayuntamiento, pudo estar relacionado con un fallo en una línea eléctrica. La Audiencia Provincial de Granada archivó el caso, aunque el consistorio solicitó su reapertura.

Sospechas sobre intereses energéticos

El jurista Joaquín Terrón Villegas sostiene que estos proyectos responden a una estrategia de mallado de la red de distribución para facilitar la implantación de grandes plantas fotovoltaicas en zonas despobladas de la comarca. A su juicio, se estaría utilizando la mejora del suministro domiciliario como argumento para reforzar infraestructuras que permitirían el desarrollo de proyectos de generación renovable a gran escala.

En este contexto, alude a un proyecto fotovoltaico de diez hectáreas en la recta del Enjambre y a una subestación en Cádiar promovida por Grupo Cuerva, donde —según denuncia— ya se habría construido otra subestación sin esperar la autorización completa del conjunto del proyecto. Esta infraestructura, añaden, se ubicaría a escasos 50 metros del helipuerto sanitario instalado por la Junta de Andalucía en 2015 para emergencias aéreas.

Petición de respaldo institucional

Ante esta situación, los vecinos de las localidades afectadas reclaman el apoyo de las corporaciones municipales para frenar lo que consideran una amenaza directa a su modo de vida, a la agricultura tradicional y a los valores ambientales de la comarca. Insisten en que su postura no es contraria a las energías renovables, pero sí a un modelo de implantación que —según denuncian— prioriza intereses empresariales frente a la sostenibilidad social y territorial de La Alpujarra.